Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: determinar si las personas extranjeras que, hallándose en territorio español no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, aunque no hayan acreditado en el momento de recibirla el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos (mediante la presentación de la correspondiente solicitud acompañada de los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos del artículo 3 ter apartado 2 letras a), b) y c) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) para que dicha asistencia sea prestada con cargo a fondos públicos.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional desestimatorio de la reclamación económico-administrativa relativa al procedimiento recaudatorio atinente a deudas por IRPF, retención de trabajo, tras acuerdo previo de declaración de responsabilidad subsidiaria, se invocaba la no concurrencia de los presupuestos para dicha derivación y la prescripción. La Sala tras poner de relieve que el objeto del recurso es una providencia de apremio teniendo por ello tasados los motivos impugnatorios, no obstante no se aprecia la existencia de desviación procesal dado que se solicita la anulación del acuerdo impugnado, siendo otra cuestión la inadmisibilidad de las pretensiones deducidas en demanda distintas a la anulación del acuerdo impugnado y dirigidas contra el acuerdo de derivación, respecto del cual y en cuanto a la prescripción invocada se rechaza la misma ya que dicha alegación se refiere a la declaración de responsabilidad subsidiaria y en concreto la declaración de fallido que no es el objeto de impugnación, que es una providencia de apremio como consecuencia de que notificada a la reclamante un acuerdo de declaración de responsabilidad de carácter subsidiario por el que se notifica a la reclamante varias liquidaciones correspondiente al IRPF, finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, no se ha efectuado el pago, sin que se hubiera solicitado la suspensión del acuerdo de derivación.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional que desestimaron las reclamaciones económico-administrativas contra las liquidaciones provisionales practicadas por el IRPF, se invocaba que el incremento del valor del bien inmueble no se consideraba justificado y que la liquidación no se encontraba motivada, pero la Sala concluye tras exponer la normativa de aplicación, que la liquidación recoge las razones por las que se modifica la base imponible del ahorro declarada a consecuencia de la enajenación del inmueble, sobre el principio de unicidad se recuerda que la actual jurisprudencia rechaza el retorno al principio de estanqueidad tributaria, también se precisa que solo justificando razones para la comprobación es posible desencadenar ésta, sin que baste con una presunción inmotivada de desacierto de la asignación del valor, existiendo en este caso causa para la comprobación. Si bien finalmente se estima parcialmente el recurso a la vista de las pruebas aportadas en cuanto a que el valor comprobado resulta incongruente con las valoraciones del inmueble en una previa transmisión realizada once meses antes, no existiendo mutación de las circunstancias en dicho plazo considerando no justificada la valoración ahora realizada, si bien se mantiene el precio de adquisición ya que se atiende al valor de la escritura pública de compraventa, como acto propio de los recurrentes.
Resumen: Mercado de valores. Agente de ESFERA CAPITAL, A.V., S.A., y administrador único de UNIVERSAL UP2ME, S.L., que desarrollaron la actividad de gestión de carteras para los clientes de intermediación de la agencia de valores con operativa en opciones financieras, actividad que se desarrolló hasta el momento en que ESFERA CAPITAL, A.V., S.A. contrató al Administrador único como empleado propio. Los hechos se consideran infracción tipificada en el Artículo 278.2, en relación con el artículo 146 TRLMV. La responsabilidad de la Empresa de servicios de inversión ESI, es independiente y adicional a la de sus agentes. Inexistencia de prescripción, el plazo es de cinco años. A los Agentes les resulta de aplicación el artículo 146, mientras que a la ESI se le aplica el artículo 144 TRLMV. La Sala concluye que aparece probada la gestión de carteras realizada por Universal/Administrador para clientes de intermediación de ESFERA cuando era agente de ésta.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre los criterios de cuantificación de la responsabilidad patrimonial y, en concreto, determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en: 1)determinar si el aumento del justiprecio como efecto de la retasación de bienes expropiados (art. 58 LEF), y reconocido por sentencia judicial tras el fallecimiento del causante, es una ganancia patrimonial sujeta al IRPF del causahabiente o, por el contrario, constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones. 2) Aclarar cómo debe imputarse temporalmente la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la retasación de bienes expropiados (art. 58 LEF) y, en particular, en los casos en los que haya resultado litigioso el justiprecio fijado en la retasación; si es aplicable la jurisprudencia sobre imputación temporal contenida en las sentencias de 26 de mayo y 12 de julio de 2017 (rec. 1137/2016 y 1647/2016) y de 7 de noviembre de 2024 (rec. 2440/2023) en virtud de las cuales, cuando el justiprecio es objeto de recurso, el incremento reconocido en la resolución -administrativa o judicial- que lo resuelva debe imputarse temporalmente al ejercicio en el que dicha resolución devenga firme. 3) Discernir si a tales ganancias les resultan aplicables los coeficientes reductores o de abatimiento previstos en la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre los criterios de cuantificación de la responsabilidad patrimonial y, en concreto, determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.
Resumen: Sostienen los recurrentes que, al haberse excedido el procedimiento inspector del plazo de 12 meses contemplado en la redacción del art.150 de la Ley General Tributaria, aplicable ratione temporis,no se habría interrumpido la prescripción del derecho de la Axencia Tributaria de Galicia a liquidar la deuda.La Axencia Tributaria de Galicia descuenta de dicho período, como dilaciones imputables a los administrados, dos días del mes de abril de 2015 -del 8 al 10- y tres días del mes de octubre del mismo año - del 20 al 23- por corresponder a prórrogas concedidas tácitamente sobre el plazo de 10 días primeramente fijado.Concebido el derecho tributario como un sistema coherente, habrá que partir de la premisa de que, en caso de plazos "normativamente abiertos", el otorgamiento del máximo previsto no debería comprometer, por sí mismo, la tramitación regular del procedimiento (administrativo o tributario).Es decir, cabe suponer que el legislador haya previsto que, incluso, con el otorgamiento del máximo de días posible, el procedimiento está diseñado para resistir esa eventualidad y concluir dentro del plazo legalmente establecido. Por tanto, teniendo en consideración esta última reflexión así como el reconocimiento explícito del trámite de alegaciones como un derecho del obligado tributario, debe desterrarse la idea de que la Administración tributaria pueda otorgar sin justificación, un plazo mayor o menor, atendiendo, por ejemplo, al estado de tramitación del procedimiento.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la suspensión o limitación transitoria de la actividad de un determinado sector ordenada por las Comunidades Autónomas en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, permite considerar que debe reducirse proporcionalmente el importe de la Tasa Fiscal sobre el Juego durante el periodo en el que estuvo vigente tal medida y, sobre la base de ello, ordenar la devolución de ingresos indebidos del primer trimestre del ejercicio 2020. Cuestión resuelta en sentido favorable a la tesis de la Administración recurrente en las SSTS de 26 de enero de 2024 (rec. 6682/2022 y 7522/2022).
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre los criterios de cuantificación de la responsabilidad patrimonial y, en concreto, determinar si el importe del IVA debe considerarse daño efectivo indemnizable cuando el reclamante es sujeto pasivo de dicho impuesto y está en condiciones de ser fiscalmente resarcido de las cuotas soportadas.
